Perspectiva.- Reconociendo la magnitud de los retos que trae consigo la migración haitiana en el país, el presidente de la República, Luis Abinader, y los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía se sentaron en la mesa del Diálogo por la Crisis Haitiana y sus implicaciones, acordando desarrollar un ejercicio de concertación política.
En el informe final del Consejo Económico y Social (CES), órgano constitucional que congrega a los sectores económico, social y laboral se plantearon seis ámbitos estratégicos.
-Migración: enfocado en diseñar una política integral para gestionar los flujos migratorios de manera legal, ordenada y segura, protegiendo los derechos de todos y garantizando la preeminencia del ordenamiento jurídico nacional.
-Comercio bilateral: orientado a formalizar, proteger y ampliar las relaciones comerciales con Haití, reforzando la seguridad jurídica y combatiendo las prácticas ilícitas que afectan negativamente a productores y consumidores.
-Desarrollo de comunidades fronterizas: centrado en impulsar un modelo de desarrollo integral, social y productivo que fortalezca la frontera como espacio de soberanía, oportunidades y cohesión territorial.
-Seguridad nacional: destinado a reforzar las capacidades de defensa, inteligencia y orden público frente a amenazas convencionales y no convencionales derivadas de la crisis haitiana.
-Relaciones internacionales: dirigido a movilizar el compromiso efectivo de la comunidad internacional, fortaleciendo la voz y el liderazgo de la República Dominicana en foros multilaterales en la defensa de sus intereses legítimos.
-Asuntos laborales: concebido para asegurar un modelo laboral justo y regulado, que genere oportunidades de empleo para la mano de obra nacional y formalice la participación de trabajadores migrantes conforme a la ley.

Los seis acuerdos a los que arribaron tienen naturaleza diversa. En algunos casos, han identificado nuevas normativas o ajustes en normativas existentes. En otros casos, la intención es enfatizar la necesidad de velar por el cumplimiento de las normas en los casos en que no se haya logrado su estricto cumplimento. En otros casos, se acuerda trabajar para la mejora de procesos importantes que ameritan adecuarse a las nuevas circunstancias.
Finalmente, la mesa coincidió en que la política migratoria debe abordarse como una política de Estado, con un enfoque integral que combine control efectivo, cooperación internacional, articulación con la política laboral y desarrollo de las comunidades fronterizas.
Debe entenderse que la implementación de los convenios requiere distintos períodos presidenciales. Algunas tareas deben considerarse prioritarias, mientras que otras se desarrollarán a lo largo de varios años.
En ese último caso, el CES aboga por que los acuerdos sean asumidos por la presente administración de gobierno y por las que vendrán a lo largo de los próximos años, adaptándose de forma responsable a las circunstancias cambiantes.
Autor: Gissel Taveras │Elnuevodiario.com.do
