En la actual coyuntura, donde el Gobierno central se esfuerza por blindar la institucionalidad, la persistencia de focos de conflicto innecesarios en entidades descentralizadas se traduce en una erosión de la confianza pública. El director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo, parece no haber ponderado el daño reputacional que genera al mandatario, cuya agenda de reformas se ve empañada por escándalos administrativos que pudieron resolverse mediante el diálogo o el cumplimiento temprano de la ley.
EN PERSPECTIVA
Por Accionar Político.- La reciente ratificación judicial que condena al Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) al pago de una indemnización en favor del periodista Marcos Dominici, tras una desvinculación calificada de irregular por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), coloca a esta entidad en una posición de extrema delicadeza institucional. No se trata simplemente de un diferendo laboral resuelto en los tribunales; se trata de una señal de alerta sobre cómo la inobservancia de la norma puede mutar en un ruido político estridente que impacta directamente en la línea de flotación de la narrativa de transparencia del Poder Ejecutivo.
El conflicto como síntoma de gestión
El ODAC, por su naturaleza, es una pieza clave en el engranaje de la economía nacional. Como ente responsable de la acreditación, su esencia debería ser la armonía, el rigor técnico y la generación de confianza. Sin embargo, el devenir de este caso —que requirió incluso la intervención de la Suprema Corte de Justicia para corregir vulneraciones al derecho de defensa— proyecta la imagen de un órgano que, lejos de mitigar el conflicto, parece alentarlo a través de una resistencia procesal que hoy se torna insostenible.
Resulta paradójico que una institución diseñada para certificar la competencia y el cumplimiento de estándares internacionales, falle en el cumplimiento de los estándares más básicos del derecho administrativo doméstico. Este escenario debe llamarnos a una profunda reflexión: ¿Cómo puede un organismo exigir calidad y cumplimiento a terceros cuando puertas adentro es incapaz de gestionar sus recursos humanos bajo el amparo de la Ley 41-08 de Función Pública?
El peligro del desacato y la sombra sobre el Ejecutivo
La demora o renuencia en materializar el pago de la indemnización impuesta por la Sentencia No. 0030-02-2025-SSEN-00574 sitúa al ODAC en la peligrosa frontera del desacato. En un Estado de Derecho, las sentencias no son sugerencias; son mandatos de cumplimiento obligatorio. Mantener esta situación en el limbo no solo afecta al beneficiario del fallo, sino que envía un mensaje de insubordinación que el presidente Luis Abinader no necesita.
En la actual coyuntura, donde el Gobierno central se esfuerza por blindar la institucionalidad, la persistencia de focos de conflicto innecesarios en entidades descentralizadas se traduce en una erosión de la confianza pública. El director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo, parece no haber ponderado el daño reputacional que genera al mandatario, cuya agenda de reformas se ve empañada por escándalos administrativos que pudieron resolverse mediante el diálogo o el cumplimiento temprano de la ley.
La demora o renuencia en materializar el pago de la indemnización impuesta por la Sentencia No. 0030-02-2025-SSEN-00574 sitúa al ODAC en la peligrosa frontera del desacato.
Hacia un régimen de responsabilidad real
La condena de RD$595,000.00 no es solo una cifra monetaria; es el costo económico de la arbitrariedad. Cuando la administración pública actúa con exceso de poder, como determinó el TSA, es el erario el que sufre. Este caso deja en evidencia la necesidad urgente de fortalecer un régimen de consecuencias donde el funcionario que actúe al margen del debido proceso sea quien asuma la responsabilidad, evitando que sus errores se conviertan en lastres políticos para la Presidencia.
El ODAC se encuentra hoy ante una oportunidad crítica: o procede a la regularización inmediata de sus obligaciones judiciales, demostrando respeto por el sistema de justicia, o se consolida como un modelo de desacato que pone en tela de juicio la coherencia del discurso oficial sobre el "Gobierno del Cambio". La institucionalidad dominicana demanda que los órganos del Estado sean los primeros en acatar la ley, no los principales promotores de su incumplimiento.
