Cuando la institución encargada de garantizar la equidad introduce diferencias innecesarias, el daño no es administrativo, es simbólico. Y los símbolos, en democracia, importan más de lo que parece. Porque hoy es la cédula. Mañana puede ser otra cosa. Y ahí es cuando uno empieza a preguntarse en qué fila le toca estar.
Por Marino Beriguete
La Junta Central Electoral ha decidido que la cédula, ese rectángulo de plástico que cabe en la cartera y pesa más que el pasaporte en la conciencia cívica, puede convertirse en una herramienta de populismo. No es poca cosa. La cédula es identidad, es derecho, es igualdad ante la constitución de la República. O debería serlo. Pero al parecer ahora también es un privilegio, turno y jerarquía. Establecido por los actuales miembros de ese organismo y los delegados políticos de los partidos.
Todo empezó con la pareja presidencial. Un gesto simbólico, se dirá. Una foto, un acto rápido, una señal de que el proceso arrancaba. Luego vinieron los políticos. Y uno se imagina el calendario como una escalera bien pulida: primero los de arriba, después los de en medio, más tarde los de abajo. Más adelante, quizás, los ministros, los directores, senadores y diputados. Y finalmente, en abril, cuando ya no quede nadie importante por retratar, llegarán los protagonistas reales del sistema electoral: los electores.
No es que la Junta no tenga derecho a organizarse. Lo tiene. Tampoco es que el país no entienda la logística. La entiende. Lo que cuesta entender es el mensaje. Porque en política, como en la vida, el mensaje suele ser más importante que la explicación. Y el mensaje aquí es claro: hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda que pueden esperar.
Tengo respeto y aprecio por el actual presidente de la Junta y por algunos de sus miembros y funcionarios. No se trata de un ataque personal ni de una desconfianza gratuita. Se trata de una preocupación cívica.
Con esta medida se ha establecido, aunque no se diga en voz alta, que en el país existen varias clases de ciudadanos. Y eso no está bien. No lo está nunca, y menos cuando lo hace el árbitro del juego democrático.
La democracia se construye con reglas claras y con gestos coherentes. No se predica la igualdad mientras se administra la diferencia. No se puede hablar de ciudadanía plena si el acceso a un documento básico depende del cargo, del apellido o de la cercanía al poder. La cédula no debería ser un premio ni un acto protocolar. Es un derecho. Y los derechos no se reparten por orden de importancia.
Había una solución sencilla, casi aburrida de tan lógica: tratar a cada ciudadano igual. Que cada quien acuda a sacar su cédula el día o el mes de su cumpleaños. Que venza diez años después, en el mismo mes. Sin fotos especiales, sin filas VIP, sin inauguraciones selectivas. La democracia también se defiende con procedimientos grises, impersonales, justos.
Lo que ha hecho la Junta es dar un mal ejemplo en la construcción democrática. No porque haya mala fe, sino porque ha fallado en algo esencial: la pedagogía de la igualdad. Los ciudadanos somos iguales ante la ley electoral. Todos. Los que gobiernan, los que aspiran a gobernar y los que solo quieren votar y volver a su casa.
Cuando la institución encargada de garantizar la equidad introduce diferencias innecesarias, el daño no es administrativo, es simbólico. Y los símbolos, en democracia, importan más de lo que parece. Porque hoy es la cédula. Mañana puede ser otra cosa. Y ahí es cuando uno empieza a preguntarse en qué fila le toca estar.
Demuéstrame que estoy equivocado.
